Que es la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
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La Estrategia Nacional es un mecanismo dispuesto por los diferentes países a efectos de lograr la identificación, evaluación y comprensión de los riesgos de LA/FT/PADM. Las Estrategias desarrollan además las políticas que se llevarán adelante para la coordinación y cooperación interinstitucional. En especial se procura la adecuada asignación de recursos en aplicación de un enfoque basado en riesgos.
La Estrategia Nacional (ENR) de nuestro país es el conjunto de decisiones adoptadas por el gobierno con el fin de prevenir, detectar y reprimir estos delitos desde el punto de vista técnico y operativo. Estas respuestas están orientadas a la preservación de la seguridad nacional y a la lucha contra el crimen organizado.
Durante el año 2022 Uruguay llevó adelante la Evaluación Nacional de Riesgo como mecanismo de identificación y evaluación del riesgo en base a tres factores: amenazas, vulnerabilidades y consecuencias. El proceso culminó en 2023 con la presentación y aprobación de un Informe por parte de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Las principales amenazas identificadas tanto en lo que respecta al Lavado de Activos como para el Financiamiento del Terrorismo, son: el Narcotráfico; Contrabando; Trata de personas; Estafa; Tráfico de Armas; Delitos Tributarios y Corrupción. En lo que respecta al Financiamiento del Terrorismo también se destacan, la presencia regional de organizaciones terroristas así como la posibilidad de un corrimiento de las actividades ilícitas de la triple frontera.
Los principales sectores de actividad potencialmente utilizados para la canalización de fondos vinculados a estos delitos, son: Sector financiero; Estructuras societarias; Mercado Inmobiliario; Zonas Francas; Trading; Criptoactivos; Vehículos de alta gama; Sociedades Anónimas Deportivas y la utilización de efectivo.
Las vulnerabilidades más relevantes son: insuficiencia de recursos; la carencia de una estructura adecuada en la Senaclaft, en la UIAF y en la Fiscalía General de la Nación; ausencia de coordinación entre supervisores, la falta de capacitación específica a la policía sobre técnicas de investigación así como la insuficiencia de recursos humanos y tecnológicos. Estas vulnerabilidades han sido detectadas tanto para el Lavado de Activos como para el Financiamiento del Terrorismo, aunque para este último se agrega la ausencia de herramientas para la detección temprana de procesos de radicalización así como la permeabilidad de la frontera facilitada por los escasos controles migratorios.
Respecto de los Sujetos Obligados, se informó que,
Se relevó un bajo número de reporte de operaciones sospechosas que no se condice con la exposición al riesgo que presenta nuestro país, así como respecto de los parámetros internacionales.
La ausencia de mecanismos de intercambio de información público/ privado o privado/ privado.
Limitaciones para la aplicación de medidas debido a la fuerte presencia de mercado informal.
Definiciones sectoriales demasiado genéricas lo cual no permite la adecuada mitigación de los riesgos.
La baja percepción del riesgo, así como la poca e inadecuada implementación de medidas preventivas lo cual determina la escasa detección de operaciones sospechosas.
Ausencia de regulación de activos virtuales.
En el informe de la Evaluación Nacional de Riesgos se presentan además las líneas de actuación recomendadas las cuales conforman la base para la Estrategia Nacional y son los ejes rectores de los objetivos definidos por esta última y que detallamos a continuación,
La ENR tiene como finalidad el diseño de acciones concretas para la protección de la sociedad, en especial del sistema financiero y no financiero, de las amenazas de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de armas de destrucción masiva. Este plan de acción se establece para el fortalecimiento de la integridad del sistema económico lo cual impacta positivamente en la seguridad y por lo tanto en el desarrollo del país.
En línea con lo anterior, se han definido 22 objetivos concretos los que se agrupan de acuerdo con las líneas de actuación recomendadas en la Evaluación Nacional, tal como se describe seguidamente,
Objetivo 1. Revisión integral del Sistema de Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Objetivo 2. Fortalecimiento de las estructuras administrativas y dotación de recursos a las entidades competentes.
Objetivo 3. Fortalecer la investigación y detección de los delitos de LA/FT.
Objetivo 4. Fortalecer los mecanismos de la lucha contra la corrupción y el lavado de activos vinculados con ésta.
Objetivo 5. Fortalecer los mecanismos de cooperación internacional.
Objetivo 6. Fortalecer los mecanismos tendientes a identificar actividades de lavado de activos vinculado a delitos tributarios y aduaneros.
Objetivo 7. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel operativo.
Objetivo 8. Colaboración del sector público: Reglamentación del artículo 8 de la Ley Nº 19.574 de 20 de diciembre de 2017.
Objetivo 9. Generar mecanismos de intercambio de información público/privado y privado / privado.
Objetivo 10. Establecer un sistema coordinado de estadísticas en materia de lavado de activos y sus delitos determinantes, incautaciones y decomisos.
Objetivo 11. Mejorar el acceso a la información en poder de la Dirección General de Registros (DGR) por parte de los organismos públicos competentes en materia ALA/CFT.
Objetivo 12. Fortalecer los procesos de supervisión específica de ALA/CFT
Objetivo 13. Fortalecer la capacitación sobre el sistema de detección de operaciones sospechosas y la implementación efectiva de un enfoque basado en el riesgo por parte de los sujetos obligados
Objetivo 14. Fortalecimiento de la transparencia de las personas y estructuras jurídicas
Objetivo 15. Evaluar la posibilidad de realizar comunicaciones objetivas de ciertas operaciones para APNFD a efectos de que las autoridades competentes (UIAF, SENACLAFT) puedan acceder a información relevante que permita la detección de actividades ilícitas, que no necesariamente sean objeto de ROS.
Objetivo 16. Revisar la normativa con relación a los sujetos obligados que se desempeñan en el ámbito de la actividad inmobiliaria, a efectos de adecuar los controles a la naturaleza de sus actividades específicas.
Objetivo 17. Actualizar la evaluación de riesgos de LA/FT de los principales sectores de sujetos obligados y realizar un análisis de otros sectores económicos que presenten riesgos de ser utilizados para el LA/FT
Objetivo 18. Aplicación de sanciones financieras dirigidas (SFD)
Objetivo 19. Detección temprana de procesos de radicalización y control de remesas
Objetivo 20. Fortalecimiento de políticas migratorias y control fronterizo
Objetivo 21. Evaluación de riesgo de Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Objetivo 22. Aplicación de sanciones financieras dirigidas (SFD)
La Evaluación Nacional de Riesgos así como el Plan de Acción han sido diseñados como herramientas dinámicas. En virtud de ello se prevé la realización de tareas de seguimiento, monitoreo y revisión para la atención de modificaciones que puedan presentarse a raíz de nuevos desafíos o amenazas.
El seguimiento y la medición del cumplimiento de indicadores estará a cargo de la Comisión Coordinadora a los efectos de garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos.
Si bien las acciones concretas no han sido publicadas, ya que se trata de información reservada, sí se han informado los plazos generales planificados, los cuales se encuentran vinculados al nivel de prioridad de la acción puntual y que se definen de la siguiente manera,
A lo largo de toda la ENR se visualiza el objetivo de la colaboración eficiente entre los actores del sistema. Objetivo que trae como principal novedad la instauración del Sistema Integral de Lucha contra el Crimen Organizado y Narcotráfico (SILCCON), creado por Decreto N° 95/025 de 28/04/2025.
Este nuevo sistema tiene como objetivo la articulación de las políticas públicas de seguridad, lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Específicamente, la coordinación de los trabajos sobre la base de una percepción compartida del riesgo.
La conformación del SILCCON está dada por las más altas jerarquías de la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y Finanzas (DNA y DGI), Ministerio de Educación y Cultura (JUTEP y FGN), Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, Secretaría Nacional de Drogas, Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, Banco Central del Uruguay (UIAF).
